Auditor David Colmenares no se retracta del resultado de la auditoría por cancelación del NAIM
· Lo que hicimos fue todo dentro de la ley, asegura el auditor
· Afirma que no ha permitido ningún acto que vulnere los principios constitucionales
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El titular de la ASF compareció ante la Cámara de diputados para responder por supuestas irregularidades en la auditoría por la cancelación del NAIM
El titular de la Auditoría Superior de Federación, David Colmenares Páramo, señaló que la ASF no confronta ni mucho menos enfrenta a nadie, “a ningún orden de gobierno ni a ningún Gobierno; son informes sobre el destino de sus aportaciones a los mexicanos, a través de la Cámara de Diputados, que es su rectora”.
En la reunión presencial con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, indicó que cualquier entidad aludida en las auditorías tiene derecho a reclamar aclaraciones conforme a la ley. Estamos trabajando precisamente en lo concerniente a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo.
Señaló que la ASF ha tratado de ser una entidad del Estado mexicano “que está vinculada, afortunadamente, a la Cámara de Diputados, y hemos recibido durante estos años un gran apoyo del Congreso de la Unión para hacer las auditorías digitales que nos va a permitir ser mucho más precisos”.
Efectivamente, añadió, hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño; sin embargo, “lo que hicimos fue apelando a la ley y todo dentro de la ley; apelamos a crear este grupo de trabajo, pedirle a otro grupo auditor, para que se reunieran y se invitara a participar en el mismo al Grupo Aeroportuario; en estos días tendremos resultados concretos y comparativos con el procedimiento usado anteriormente”.
Colmenares Páramo aseveró que “no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales y el marco de legalidad de la propia Auditoría Superior de la Federación; estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados está realizando”.
“Y pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal, que se aparten de los objetivos propios de la fiscalización superior.
Por el bien de las instituciones, de México y de todos los mexicanos, para que se preserve el valor institucional que tiene la fiscalización superior y que quede claro que no hay ningún tipo ni de presiones ni de mala fe; si lo hubiera o hubiera algún comportamiento negativo, yo sería el primero en denunciarlo”, aclaró.
Recordó que al asumir el cargo de titular de la ASF protestó cumplir con la Constitución y con las leyes de ella emanan; que en toda su vida se ha conducido con apego a la legalidad y al marco normativo de las instituciones que “me han dado la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del buen gobierno”.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación resaltó que la institución, por su naturaleza, es total y absolutamente apartidista y apolítica; “cualquier otra interpretación a sus auditorías, pues sí sería política, pero estamos tratando de trabajar fundamentalmente, y lo hemos hecho siempre, conforme a la ley”.
Mencionó que el marco del trabajo de fiscalización, una vez concluidas las auditorías, presentados, según sea el caso, los informes individuales y el general a la Cámara de Diputados, se inicia la etapa de seguimiento de acciones y recomendaciones.
Para concretar esta etapa, dijo, se notifica a las entidades fiscalizadas las acciones y las recomendaciones en un plazo de 10 días hábiles, a partir de su recepción estos entes disponen de 30 días para formular las consideraciones correspondientes o entregar información complementaria.
Por su parte, las Unidades Auditoras entregan a seguimiento los expedientes de cada una de las acciones y recomendaciones que fueron determinadas por ellos; pasando esos 30 días, el área de seguimiento analiza la información remitida por los entes y la valora respecto del contenido del expediente de las acciones, con el fin de pronunciarse en 120 días hábiles sobre la atención, solventación, promoción o no de las acciones o recomendaciones.
Colmenares Páramo añadió que en la Auditoría se sigue trabajando, pues hay mil 400 auditorías a pesar de la pandemia; “fue muy difícil auditar en términos de la crisis sanitaria o crisis humana. Nosotros no dejamos de trabajar ni durante los primeros tres meses, cuando estaban suspendidos los plazos de muchas dependencias relevante para la fiscalización”.
